/

¿Se debe prohibir el uso de celulares en las escuelas?

¿Se debe prohibir el uso de celulares en las escuelas?

¿Prohibir los celulares en las escuelas es suficiente? Este artículo analiza cómo las tecnologías digitales afectan la atención y el aprendizaje, y propone una responsabilidad compartida entre el Estado, las escuelas, las familias y las empresas tecnológicas para proteger el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Dr. José de Jesús Velásquez Navarro, Director General de Docencia Digital

La literatura especializada coincide en que la atención constituye uno de los procesos cognitivos más estrechamente relacionados con el aprendizaje, la memoria y la resolución de problemas. Desde las contribuciones clásicas de la psicología cognitiva hasta los desarrollos recientes de las neurociencias, la evidencia ha mostrado que la adquisición de conocimientos complejos depende de la capacidad para sostener el foco cognitivo durante períodos suficientes de tiempo, gestionar las interferencias del entorno y distribuir los recursos mentales de manera flexible según las demandas de cada tarea.

Esta comprensión adquiere nuevas implicaciones cuando el entorno cotidiano se encuentra poblado por sistemas digitales cuya arquitectura funcional persigue precisamente la interrupción recurrente de los procesos atencionales. Las notificaciones permanentes, la reproducción automática de contenidos, el desplazamiento infinito, las recomendaciones personalizadas y los mecanismos de recompensa variable no constituyen características accesorias de las plataformas contemporáneas; forman parte de modelos de diseño orientados a incrementar la permanencia de los usuarios y la intensidad de su interacción.

La educación enfrenta, por tanto, una situación inédita. Durante buena parte de la historia escolar, el esfuerzo pedagógico se concentró en crear condiciones favorables para el aprendizaje: tiempos relativamente estables, espacios compartidos, secuencias didácticas y relaciones de acompañamiento entre docentes y estudiantes. En la actualidad, esas condiciones conviven con entornos digitales que compiten de manera constante por los mismos recursos cognitivos sobre los que descansa la actividad educativa.

Diversos estudios muestran que la fragmentación de la atención puede afectar procesos relacionados con la comprensión profunda, la memoria de trabajo y el razonamiento complejo, particularmente cuando las interrupciones se producen de manera reiterada durante actividades intelectualmente exigentes. No se trata de afirmar una relación lineal entre tecnología y deterioro cognitivo, pues la evidencia disponible resulta considerablemente más matizada. Los efectos dependen de la interacción entre múltiples variables: el diseño de las plataformas, la finalidad de uso, la edad de los usuarios, las estrategias de autorregulación, el contexto familiar y escolar, así como la calidad de las experiencias educativas que acompañan la vida digital (OECD, 2024; UNESCO, 2023; American Academy of Pediatrics, 2024).

Precisamente esa complejidad hace insuficiente cualquier aproximación reducida al tiempo de pantalla como único indicador relevante. Dos estudiantes pueden permanecer un número semejante de horas conectados y, sin embargo, experimentar consecuencias radicalmente distintas según el tipo de actividades que realizan, el grado de autonomía con que gestionan su participación digital y las oportunidades que tienen para alternar dichas experiencias con lectura, actividad física, convivencia presencial, creación artística o descanso.

Desde esta perspectiva, la atención comienza a adquirir un significado distinto para la política educativa. Además de ser un proceso psicológico individual, constituye una condición colectiva para el ejercicio efectivo del derecho a aprender. Las escuelas crean ambientes donde la atención puede cultivarse, compartirse y orientarse hacia propósitos intelectuales que difícilmente prosperan en contextos de estimulación permanente.

Esta observación conduce a una idea que merece ser incorporada a la discusión pública: la atención constituye un bien público educativo. Su protección no puede depender exclusivamente de decisiones individuales, del esfuerzo aislado de las familias o de la capacidad de autocontrol de niñas, niños y adolescentes. Requiere condiciones institucionales, diseños tecnológicos compatibles con el desarrollo humano y políticas educativas que reconozcan explícitamente su valor para la formación de ciudadanos capaces de pensar, deliberar y aprender con autonomía.

La investigación sobre plataformas digitales muestra que buena parte de los entornos tecnológicos contemporáneos han sido diseñados para maximizar el tiempo de interacción mediante sistemas de recomendación, mecanismos de recompensa variable, personalización algorítmica y retroalimentación inmediata. En tales condiciones, trasladar la responsabilidad exclusivamente a los usuarios equivale a ignorar las condiciones estructurales dentro de las cuales se producen sus decisiones.

Desde una perspectiva educativa, este razonamiento conduce a una consecuencia importante: la autorregulación constituye una capacidad que debe desarrollarse, pero difícilmente puede convertirse en el único mecanismo de protección frente a arquitecturas digitales concebidas para captar y retener la atención.

Esta constatación obliga a reconsiderar la distribución de responsabilidades entre los distintos actores sociales.

La protección de la atención y del desarrollo cognitivo no puede entenderse como una obligación exclusiva de las familias, ni como una tarea reservada a las escuelas. Del mismo modo, las empresas tecnológicas no pueden limitar su responsabilidad a ofrecer herramientas de control parental una vez que sus productos han sido diseñados bajo lógicas de maximización del tiempo de permanencia.

La naturaleza sistémica del problema exige una respuesta igualmente sistémica; mi propuesta en este sentido es la de Gobernanza de la Atención, la cual se refiere al conjunto de principios, políticas, decisiones institucionales y responsabilidades compartidas orientadas a preservar las condiciones necesarias para el desarrollo de la atención, el aprendizaje y la autonomía intelectual en entornos digitales. 

Esta propuesta parte de un supuesto fundamental: la atención constituye una condición habilitadora del derecho a la educación. Sin ella, procesos como la comprensión lectora, el razonamiento matemático, la deliberación ética, la creatividad, la convivencia y la construcción de conocimiento difícilmente pueden desarrollarse de manera sostenida.

Bajo esta perspectiva, la protección de la atención deja de ser un asunto privado para convertirse en un objetivo legítimo de la política educativa.

La Gobernanza de la Atención puede comprenderse como un sistema articulado de responsabilidades distribuidas entre distintos actores.

1. Gobernanza del Estado

Corresponde al Estado establecer el marco normativo que garantice entornos digitales compatibles con los derechos de la infancia y la adolescencia. Esto implica promover regulaciones basadas en evidencia científica, establecer estándares de transparencia algorítmica cuando exista impacto sobre menores de edad, incentivar el diseño seguro de plataformas digitales y generar sistemas permanentes de evaluación sobre bienestar digital.

2. Gobernanza desde la escuela y los docentes

Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de construir una cultura escolar donde la atención sea reconocida como una condición pedagógica esencial.

Ello supone establecer reglas claras respecto al uso de dispositivos, pero también diseñar ambientes de aprendizaje que favorezcan la concentración, la lectura profunda, el diálogo argumentado y el trabajo intelectual sostenido. Las decisiones relacionadas con la incorporación de tecnologías deberían responder siempre a criterios pedagógicos explícitos y a evidencia sobre su contribución al aprendizaje.

La función docente en un entorno caracterizado por la abundancia informativa y la mediación algorítmica, debe ser la de diseñador de experiencias de alto impacto en el aprendizaje. Su tarea consiste en diseñar situaciones didácticas retadoras y desafiantes, que desarrollen autorregulación, pensamiento crítico, lectura profunda, deliberación, metacognición y comprensión del funcionamiento de los sistemas inteligentes. 

3. Gobernanza familiar

Las familias desempeñan un papel insustituible en la construcción de hábitos cotidianos relacionados con el descanso, la conversación, la lectura, el juego y la convivencia presencial.

No obstante, una política pública responsable debe abandonar la lógica de la culpabilización. Las familias requieren acompañamiento, información accesible y programas de formación que les permitan comprender el funcionamiento de los ecosistemas digitales y acompañar el desarrollo progresivo de la autonomía de sus hijas e hijos.

4. Gobernanza tecnológica

Las empresas que diseñan plataformas digitales forman parte del ecosistema educativo contemporáneo, aun cuando su propósito principal no sea educativo.

En consecuencia, deberían asumir obligaciones proporcionales al impacto que sus sistemas generan sobre la infancia y la adolescencia. Entre ellas destacan la incorporación de principios de seguridad desde el diseño, mecanismos efectivos de protección de datos, reducción de patrones de diseño adictivo, transparencia respecto al funcionamiento de los algoritmos de recomendación y evaluación independiente de riesgos.

En suma; proteger la atención significa mucho más que reducir distracciones o regular dispositivos. Significa preservar una de las condiciones fundamentales que hacen posible aprender, comprender, deliberar, crear y construir un proyecto de vida con autonomía. La Gobernanza de la Atención no propone limitar el desarrollo tecnológico, sino orientar su evolución hacia el bienestar y el desarrollo humano. En última instancia, la manera en que una sociedad decide cuidar la atención de sus nuevas generaciones revela también la importancia que concede a la educación, a la democracia y al futuro que aspira a construir.

Publicado: 6/08/2026 19:00 h